La Audiencia Nacional ha profundizado en una investigación judicial vinculada a la exmilitante socialista Leire Díaz, imputada previamente en una causa por presuntos cobros en contratos públicos. Esta nueva fase, instruida por el juez Santiago Pedraz y que ha derivado en la imputación de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, se centra en presuntas actividades dirigidas a denunciar operaciones de una denominada "policía patriótica" y, según la investigación, a generar acusaciones sobre irregularidades en procedimientos judiciales y policiales que involucran a figuras del ámbito socialista, así como a influir en la percepción pública y judicial de ciertos casos.

Marco Judicial y Origen de las Pesquisas

La presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no estuvo relacionada con una pesquisa sobre una posible caja B, como fue reportado inicialmente por un medio digital y posteriormente mencionado en el Congreso. Esta actuación se enmarca en una pieza separada y declarada secreta, desglosada de una causa penal que el juez Santiago Pedraz asumió en diciembre pasado.

La investigación inicial se dirigía contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díaz, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La reciente intervención en la sede del PSOE se vincula directamente con las actividades de Díaz, quien, en los últimos años, ha colaborado con el empresario Javier Pérez Dolset.

Pérez Dolset, a su vez, está imputado en una de las ramificaciones del "caso Tándem" y ha sido identificado como víctima de espionaje ilegal atribuido al comisario José Manuel Villarejo. Las actividades de Díaz y Dolset, según la investigación, estaban dirigidas a formular denuncias tanto sobre las operaciones de una denominada "policía patriótica", que operó durante el periodo de gobierno de Mariano Rajoy, como sobre presuntas irregularidades vinculadas a nuevas operaciones judiciales y policiales que han afectado a figuras del ámbito socialista, entre ellas José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Desarrollo de las Presuntas Maniobras y Recopilación de Información

Leire Díaz, la exmilitante socialista, mantuvo encuentros, algunos de los cuales fueron grabados, con miembros de la Guardia Civil, fiscales y exdirigentes del Partido Popular. En estas reuniones, se le atribuye la acción de ofrecer, presuntamente, ventajas en nombre del Gobierno socialista a cambio de obtener información sobre actividades calificadas como irregulares del Partido Popular, así como de miembros de la judicatura, la fiscalía o la Guardia Civil.

La investigación ha registrado que, en algunas de estas reuniones grabadas, Díaz habría expresado comentarios críticos hacia el teniente coronel Antonio Balas, quien en la actualidad lidera las pesquisas de la UCO relacionadas con esta presunta trama. En un encuentro con empresarios, imputados en casos de fraude en el sector de los hidrocarburos, se ha documentado que Díaz solicitó información con el objetivo de desacreditar al teniente coronel de la UCO. Esta solicitud, según los registros, habría venido acompañada de la promesa de que la Fiscalía podría favorecer a quienes aportaran dicha documentación.

Asimismo, Díaz se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, conocido por su participación en la investigación del "caso Villarejo" antes de su cese en la Fiscalía Anticorrupción. En esta cita, a la que acudió junto a Pérez Dolset, se habría intentado obtener información de Stampa que pudiera ser utilizada contra quien fuera su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, o contra el fiscal general de la época, Álvaro García Ortiz.

En la primavera de 2024, Leire Díaz se personó en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Allí, entregó al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, un dispositivo USB que contenía numerosos audios, supuestamente grabados por el comisario José Manuel Villarejo. Estos audios, según la descripción, abordaban maniobras ilegales dirigidas contra oponentes políticos del Partido Popular, incluyendo a Podemos y sus líderes, así como a figuras independentistas catalanas y al entonces líder socialista, Pedro Sánchez. El dispositivo USB también incluía documentación referente a denuncias que habían sido archivadas por la Fiscalía Anticorrupción, junto con las quejas presentadas por los denunciantes ante Alejandro Luzón.

Implicaciones Institucionales y el Curso de la Investigación Actual

Inicialmente, Santos Cerdán no realizó gestión alguna con la información contenida en el dispositivo USB. Fue tras el inicio de la difusión de las actividades atribuidas a Leire Díaz, y después de que esta se diera de baja como militante del PSOE, cuando Cerdán remitió el dispositivo a la Fiscalía General del Estado. Según la información disponible, la Fiscalía analizó el contenido, pero no procedió con acciones adicionales.

En aquel momento, el PSOE emitió un comunicado negando que Leire Díaz tuviera una relación laboral o contractual remunerada con el partido. Sin embargo, en el marco de la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre las presuntas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante las administraciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció haberle pagado a Leire Díaz durante un periodo de tres meses desde su despacho profesional. El propósito de este pago, según Zarrías, era que Díaz investigara el "caso ERE".

Díaz, según el testimonio de Zarrías, le había informado que poseía datos relevantes que, presuntamente, podrían demostrar prácticas no ajustadas a la legalidad en la instrucción judicial de la causa penal que se seguía contra dirigentes socialistas en Andalucía, y que culminó con condenas de privación de libertad para la mayoría de ellos. Esta afirmación se enmarca en la narrativa de las actividades de Díaz para influir o alterar percepciones sobre procesos judiciales.

En la actualidad, el juez Santiago Pedraz se encuentra investigando las actividades atribuidas a Leire Díaz con el objetivo de determinar si estas constituyeron una estructura financiada por el Partido Socialista Obrero Español. La hipótesis bajo examen es si dicha estructura fue organizada con el propósito de obstaculizar o influir en procedimientos judiciales abiertos que afectaban o podrían afectar a miembros del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.