La investigación desarrollada por la Audiencia Nacional examina elementos que difieren de las explicaciones ofrecidas por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con la aerolínea Plus Ultra, su rescate y los negocios de consultoría vinculados a su amigo Julio Martínez Martínez. El análisis de comparecencias públicas y documentos del sumario constituye la base de esta revisión judicial.

Análisis de Declaraciones y Evidencia Documental en el Caso Plus Ultra

Durante su comparecencia en el Senado el pasado marzo y en una entrevista concedida a Onda Cero, el expresidente Rodríguez Zapatero afirmó conocer que su amigo Julio Martínez Martínez mantenía “alguna relación” con Plus Ultra. No obstante, negó haber trabajado para la aerolínea, haber ejercido influencia en su rescate con fondos públicos, o tener conocimiento de sus socios. Asimismo, indicó desconocer la identidad de los clientes de la consultora de Martínez Martínez y se desvinculó de su creación.

Los documentos del sumario, si bien no incluyen evidencia directa de que una supuesta influencia del expresidente haya determinado la decisión de la SEPI de otorgar un rescate de 53 millones de euros, revelan comunicaciones incautadas en 2021 por Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo propietario de la aerolínea. Este ciudadano venezolano, actualmente en busca y captura por la presunta desviación de fondos del rescate a paraísos fiscales, incluyó en dichas comunicaciones “referencias constantes” a la opción de recurrir al expresidente Rodríguez Zapatero para superar obstáculos en la tramitación de la ayuda, así como menciones a conversaciones o encuentros entre el expresidente y accionistas de Plus Ultra.

En un mensaje del 30 de abril de 2020, al inicio de la pandemia, el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, informó a Reyes que Zapatero “le va a llamar”. Poco después, Reyes confirmó a un tercero esta comunicación:

Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo.

En ese período, los directivos de Plus Ultra buscaban obtener un crédito ICO. Una carta dirigida al Banco Santander indicaba expresamente en su encabezado que el contacto se realizaba “siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”. Posteriormente, al no prosperar esta opción, la aerolínea activó la vía del rescate público. En julio de 2020, apenas 24 horas después de la aprobación del fondo de la SEPI, el vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, comunicó a Rodolfo Reyes que se había iniciado el proceso para conseguir la ayuda:

Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen).

Meses después, el 6 de febrero de 2021, un mes antes de la aprobación del préstamo público por el Consejo de Ministros, Reyes envió otro mensaje a Martínez Sola:

Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa.

Martínez Sola respondió:

Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic).

El “tocayo” al que se refieren es Julio Martínez Martínez. Adicionalmente, el 22 de julio de 2020, Reyes manifestó su convicción sobre la asistencia del expresidente a Plus Ultra en una conversación con un abogado que se había reunido con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El abogado señaló:

Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones.

A lo que Reyes contestó:

Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás.

En el Senado, el expresidente Rodríguez Zapatero negó conocer a Camilo Ibrahim Issa, descrito como una figura clave en la aerolínea, y sobre Martínez Sola, afirmó:

No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez… Yo saludo a miles de personas.

Cuando la senadora de UPN, Mar Caballero, preguntó si Martínez Sola le había solicitado ayuda, el expresidente respondió:

No, en absoluto, ninguna relación. Cero.

Movimientos Financieros y Estructura de Consultoría de la Red Investigada

La investigación también examina los pagos efectuados por Plus Ultra, que ascendieron a más de 900.000 euros en cinco años, de forma directa o indirecta, a Julio Martínez Martínez. Durante el mismo período, la consultora de Martínez Martínez, a quien otros investigados identificaban también como “el banco del jefe”, abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Asimismo, Whathefav recibió otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad vinculada a los hermanos venezolanos Amaro Chacón.

Según Hacienda, la Policía y el juez, las dos sociedades que realizaron pagos a las hijas de Zapatero comenzaron a operar con un mes de diferencia y carecen de actividad real. A pesar de ello, entre ambas abonaron más de 800.000 euros a Whathefav entre 2020 y 2025. Los investigadores consideran que la agencia no aportaba un “valor técnico especial”.

La investigación sostiene que la función de Whathefav se limitaba a recibir informes de consultoría elaborados por un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a una lista de clientes proporcionada por el propio expresidente. Los investigadores plantean que “esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”.

En el Senado, Rodríguez Zapatero defendió la contratación de Whathefav como una “propuesta” suya que:

formaba parte del acuerdo.

Afirmó que sus hijas realizaban tareas de:

marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor.

Y que sus trabajos se materializaban, en ocasiones, en:

informes orales.

También indicó que, tras dar el “visto bueno definitivo” a los informes elaborados por un tercero y por él mismo, estos se enviaban a la empresa de sus hijas, que a su vez los remitía a Julio Martínez Martínez.

Sin embargo, la investigación ha determinado que era la agencia de las hijas la encargada de enviar dichos trabajos a una lista de clientes proporcionada por el expresidente. La Policía intervino archivos de Excel con listados de supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía señala que estos documentos no son “un simple listado”, sino que reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”, lo que sugiere que era Rodríguez Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. Pese a esto, el expresidente había declarado a Carlos Alsina:

Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad.

Entre los supuestos clientes que habrían suscrito contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante, la UDEF menciona Inteligencia Prospectiva, así como las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora de Martínez Martínez. El listado también incluye nombres vinculados a Plus Ultra, como Julio Martínez Sola o Camilo Ibrahim Issa, y empresarios como Florentino Pérez (ACS), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) y directivos de Huawei.

Implicaciones de los Hallazgos Policiales y Judiciales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluye que los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Los listados sugieren que el expresidente puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

La tesis de los investigadores es que la red de contactos del expresidente habría influido en la concesión de ayudas públicas. Se postula que el expresidente habría sido compensado mediante contratos y facturas que, según la investigación, sustentarían ingresos recibidos por él y por la agencia de marketing de sus hijas. Basándose en las conclusiones provisionales de la Policía, el juez José Luis Calama sostiene que Rodríguez Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.