La Audiencia Nacional investiga una trama que, inicialmente vinculada a la denuncia de prácticas irregulares de una estructura policial durante un gobierno anterior, habría evolucionado hacia la búsqueda de información desfavorable sobre jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) implicados en investigaciones que afectan a figuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta investigación, centrada en las actividades de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, evalúa supuestas acciones de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Contexto del Caso Tándem y la Colaboración Inicial

El empresario Javier Pérez Dolset, conocido por el éxito comercial de su videojuego Commandos a finales del siglo XX, que generó ventas significativas y facturó más de 450 millones de euros, enfrentó una situación judicial a partir de 2017. Tras la venta parcial de su empresa Zed al Grupo Planeta en 2006, la sociedad experimentó dificultades financieras. Dolset fue detenido en 2017, acusado de presuntamente vaciar la sociedad y desviar fondos de subvenciones estatales. Desde entonces, ha atribuido su imputación en una de las piezas separadas del Caso Tándem a maniobras del Grupo Planeta, a la vigilancia ilegal atribuida al comisario José Manuel Villarejo y a actuaciones del fiscal José Grinda.

Durante los últimos nueve años, Pérez Dolset recopiló información sobre presuntas prácticas de una estructura policial de carácter político que operó en España durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy. Estas prácticas, según la información obtenida, habrían incluido la elaboración de elementos probatorios contra opositores políticos, como dirigentes de Podemos e independentistas catalanes, y la destrucción de pruebas relacionadas con la financiación irregular del Partido Popular, caso por el cual la formación fue condenada en firme por la Audiencia Nacional.

El empresario entregó este material a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, con un impacto limitado. En este contexto, buscó apoyos y estableció contacto con Leire Díez, una militante socialista y exdirectiva de Correos, que mantenía conexiones en la ejecutiva del partido que, en ese momento, ostentaba el gobierno.

Transición de Objetivos: De la Exposición a la Búsqueda de Información Específica

La colaboración entre Dolset y Leire Díez se formalizó en un encuentro en la sede socialista de la calle Ferraz. Esta reunión tuvo lugar el 24 de abril, día que coincidió con el periodo de reflexión del presidente Pedro Sánchez sobre su continuidad en el cargo. En dicho encuentro, Dolset y Díez entregaron un pendrive que, según se describe, contenía información sobre supuestas prácticas irregulares de la estructura policial atribuida al PP. La documentación incluía una grabación de Villarejo en la que se le escuchaba, junto al entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, planificando posibles acciones contra Pedro Sánchez con datos relativos a las actividades de su suegro.

A partir de este momento y hasta hace unos meses, las actividades de Dolset y Díez habrían proseguido con objetivos divergentes. Si bien inicialmente se enfocaron en la denuncia de prácticas en la etapa anterior, el foco habría transitado hacia la búsqueda de presuntas irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o agentes de la Guardia Civil que investigaban supuestos delitos que involucraban a familiares del presidente Sánchez y a dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La Audiencia Nacional investiga actualmente estas acciones, atribuyendo a la trama una serie de delitos que incluyen organización criminal, varios delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El tribunal instructor considera, de forma supuesta, que el PSOE habría contribuido a financiar estas maniobras. A continuación, se detallan algunas de las actividades y la información manejada por la trama desde abril de 2024, según la investigación judicial.

Documentación sobre la 'Operación Cataluña'

El pendrive entregado al PSOE y posteriormente remitido a la Fiscalía General del Estado contenía archivos de audio correspondientes a grabaciones efectuadas por el comisario Villarejo. Estas grabaciones, realizadas con sus superiores políticos del Ministerio del Interior y otras personas, habrían acreditado supuestas operaciones contra dirigentes independentistas de Cataluña, algunas de las cuales se habrían financiado con fondos estatales. Actualmente, no existe ninguna causa abierta en la Audiencia Nacional que investigue estos hechos.

Discusiones en torno al Fiscal Anticorrupción José Grinda

Entre la documentación proporcionada al PSOE por Díez y Pérez Dolset, se incluyen grabaciones que registran conversaciones entre Villarejo y la exsecretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, en las que se menciona al fiscal anticorrupción José Grinda. En una de estas grabaciones, Villarejo informa a Cospedal sobre un mensaje que, según él, le habrían transmitido los socialistas, indicando que si denunciaba al PP por la 'Operación Cataluña', sus problemas con la Fiscalía podrían resolverse. El extracto de la conversación es el siguiente:

Cospedal: ¿Margarita Robles te llamó?

Villarejo: No. El enlace que yo tengo con ella, que es un antiguo colega, de su cuerda (…). A mí lo que me han dicho es si tú estás dispuesto a contar que lo de la Operación Cataluña es una operación del PP y no sé cuántos, lo de la Fiscalía, eso que tiene Grinda contra ti lo va a quitar y tal.

Cospedal: A Grinda hay que matarlo.

Villarejo: Y pedimos que comparezcas en el Congreso y luego después convocamos la moción de censura. Y les digo no sé de qué me estáis hablando. Has visto cómo he mantenido yo el tema y lo voy a mantener hasta el final.

Pérez Dolset consideraba a Grinda responsable de su imputación en la Audiencia Nacional y habría obtenido de Villarejo material presuntamente destinado a vincular al fiscal anticorrupción con un caso de pedofilia. Adicionalmente, el fiscal Grinda denunció recientemente que la trama de Leire Díez habría intentado sobornarle, ofreciéndole una posición laboral en el extranjero y 300.000 euros, a cambio de su colaboración para archivar algunas de las causas que gestionaba en Anticorrupción y para obtener información sobre su superior, Alejandro Luzón.

Grabación sobre los Negocios del Suegro del Presidente Sánchez

El pendrive entregado a Santos Cerdán también contenía una conversación grabada en agosto de 2014 entre Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En este audio, se abordaban las actividades comerciales del suegro de Pedro Sánchez. Un fragmento relevante de esta conversación es el siguiente:

Villarejo: No lo sabe nadie… hay que manejarlo con muchísimo... El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información porque ahí iban políticos. Son saunas de pilinguis. Son tres hermanos. Un día estuvo Pedro Sánchez allí comiendo con su suegro. Y me dicen que El Gordo [Enrique García Castaño, comisario] se lo ha contado a Pino [Eugenio Pino, director adjunto operativo, número tres de Interior en aquel momento]. Si Pino no ha contado nada…

Martínez: Porque siguen con el negocio, ¿no?

Villarejo: Un negocio lucrativo… ahí sacan pasta de la hostia. Está todo a nombre del hermano mayor, pero luego los otros dos que hay por debajo (el suegro y otro más que hay) son los que llevaban la gestión. Esta es la historia.

Martínez: Y él [Pedro Sánchez], ¿lo sabe seguro?

Villarejo: Hombre, ya me contarás... Es una parte débil del diseño, eso es una debilidad significativa. Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número uno. Ahí es donde tienes que valorar, en un momento determinado…

Martínez: Eso es una debilidad significativa.

Búsqueda de Información sobre el Teniente Coronel Antonio Balas

En otro de los episodios investigados, Dolset y Díez mantuvieron una reunión en un despacho de abogados con personas imputadas en el caso hidrocarburos, entre ellos el empresario Alejandro Hamlyn. Durante este encuentro, Hamlyn sugirió disponer de información sobre supuestas conductas irregulares del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien en ese momento investigaba casos relacionados con el gobierno socialista. La respuesta atribuida a Leire Díez fue:

“Si Balas está muerto, mejor”

. En la misma reunión, la militante socialista habría mencionado tener contactos en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado para, presuntamente, favorecer a Hamlyn en su proceso judicial, a cambio de que este aportara información relevante contra el teniente coronel.

Investigación de Información contra Alejandro Luzón, Jefe de Anticorrupción

La investigación también recoge reuniones entre Díez, Dolset y el exfiscal Ignacio Stampa, celebradas meses después de que Stampa dejara su puesto en la Fiscalía Anticorrupción. En uno de estos encuentros, Díez se habría presentado con la siguiente declaración:

“Esto es estrictamente confidencial y es una cosa que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto”

. Durante esta reunión, que fue grabada y posteriormente denunciada por Stampa, Díez habría intentado obtener información del exfiscal sobre supuestas actuaciones irregulares del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. A cambio, Leire Díez habría ofrecido la resolución de posibles problemas de Stampa con la Fiscalía General del Estado.